La pandemia por Covid19 trajo consecuencias a nivel sanitario, económico y social. También nuestro hábitat se vio afectado, tanto a nivel individual como urbano. ¿Qué puede hacer un gobierno local en este aspecto?
Las consecuencias de la pandemia por Covid19, que lentamente estamos superando, no sólo se reflejan a nivel sanitario, económico y social con cifras alarmantes. También ha tenido impacto en nuestro hábitat, entendido como el espacio que reúne las condiciones y características físicas, geográficas y biológicas que inciden en el desarrollo, la supervivencia y la reproducción de un individuo, de una comunidad, de una especie. Ese lugar en el que una sociedad vive, se relaciona y crece, se hizo visible durante la pandemia, exponiendo y profundizando, dramáticamente, desigualdades e inequidades ya existentes.
El conjunto de decisiones nacionales que se sucedieron a la implantación del ASPO (aislamiento social preventivo y obligatorio), tampoco parece haber dado cuenta de esta realidad. Quizás el error de diagnóstico más notable sea haber partido de la falsa premisa de creer que todos tenemos un hogar con las suficientes comodidades como para trabajar remotamente, acceder a servicios básicos, convivir y albergar durante todo el día a todos los miembros de una familia. De alguna manera, se alentó una especie de romantización de la cuarentena, donde se asumía acríticamente al hogar como un lugar seguro y de autocuidado, igual para todos y sin distinción de cuestiones sociales y geográficas.
Muy por el contrario, el hogar -en muchos casos- resultó ser un lugar cuanto menos complicado para muchos niños y niñas, sobrecargando primordialmente a las mujeres que son quienes asumen las tareas de cuidado dentro y fuera del hogar, las tareas comunitarias y las de provisión del sustento; a lo que se suma el incremento de la violencia intradomiciliaria. Este ha sido el panorama en todo Latinoamérica y particularmente en nuestro país, donde la precariedad del hábitat es uno de los factores determinantes en los alarmantes índices de pobreza y desigualdad.
Ahora bien, ¿qué podemos hacer desde los gobiernos locales ante esta problemática? Al menos desde la Conferencia de Quito de 2016 (https://habitat3.org/) en adelante, donde se acordó la Nueva Agenda Urbana, la mayoría de los especialistas coincide en caracterizar la conformación del hábitat en nuestra región como ambientalmente insustentable, socialmente excluyente, económicamente insuficiente y físicamente insostenible. A esto se suma que la mayoría de las políticas públicas gubernamentales orientadas al territorio, aparecen como muy fragmentarias, burocráticas e influenciadas por las lógicas del mercado inmobiliario.
Esta situación plantea todo un desafío para los gobiernos locales, independientemente de su tamaño y realidad. Indudablemente, no hay una única receta aplicable a todos los casos. Lo que sí podemos afirmar es que una adecuada regulación del uso del suelo, es una de las herramientas fundamentales al momento de definir políticas locales en la materia.
El estado municipal debe tener un rol protagónico, desalentando procesos especulativos que no contemplan el ambiente ni los servicios, coordinando estrategias con los niveles nacional y provincial, generando bancos de tierras públicas que permitan hacer frente a la alta demanda de lotes y/o suelo urbano a precios razonables, generando ingresos públicos para financiar infraestructura básica y diseñando mecanismos de redistribución equitativa del valor del suelo, entre otros. De esta manera estaremos contribuyendo a reducir niveles de informalidad, previniendo situaciones de ocupación o tomas de tierra como las que están sucediendo en distintos puntos de la provincia y fundamentalmente, estaremos ayudando a “construir ciudades y asentamientos humanos más inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por Naciones Unidas.
GUSTAVO DAVERIO
Fotos créditos: Ricardo Pristupluk – LA NACION