Así lo establece el Decreto Provincial Nº 0192/2020 Reglamentario de la Ley Nº 13.891, que adhiere a la Ley Nacional N° 27.499. La norma invita a todos los Municipios y Comunas de Santa Fe a adherir a través de la sanción de la Ordenanza respectiva, con el objeto de transversalizar la perspectiva de género en la definición de políticas públicas hacia el interior del gobierno local. A su vez, para abordar en conjunto acciones relacionadas con género y diversidad sexual, el Gobierno de Santa Fe firmó además, un convenio de colaboración con la Universidad Nacional del Litoral (UNL).
La Ley Micaela establece la capacitación obligatoria en temas de género y violencia contra las mujeres, con alcance obligatorio para el funcionariado que integra los poderes ejecutivo, legislativo y judicial del Estado Nacional, provincial y municipal.
Mediante la capacitación en Ley Micaela se busca contribuir a la incorporación de la perspectiva de género y en especial a la prevención y al abordaje eficaz de las violencias de género a través de la capacitación, el asesoramiento y el acompañamiento personalizado de instituciones y en particular de los organismos del Estado encargados de definir políticas públicas.
Convenio con UNL
En este marco, el Gobierno de Santa Fe firmó también un convenio de colaboración con la Universidad Nacional del Litoral (UNL), que promueve el trabajo conjunto y articulado entre instituciones, con el objetivo de contribuir a una transformación socio-cultural basada en la plena e igualitaria participación de las mujeres y las identidades disidentes.
Este acuerdo marco dará lugar a la realización de diferentes acciones coordinadas por el Programa de Extensión Género, Sociedad y Universidad y el Observatorio de Violencias de Género de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales.
Micaela García – “La Negra” – era una joven militante de 21 años, activista feminista de Ni Una Menos, y estudiante de Educación Física de Gualeguay que el 1º de abril de 2017 año fue secuestrada, violada y asesinada en Entre Ríos por un hombre que tenía antecedentes penales por violación. Además, una adolescente de 13 años habría intentado denunciar al femicida el 31 de marzo de 2017 por abuso sexual y amenazas –un día antes del crimen de Micaela García– pero no permitieron a la familia radicar la denuncia y la jueza de menores que tenía que recibirlos no se encontraba en su lugar de trabajo por estar afectada a otra actividad.