Los Municipios y comunas deberán encarar un profundo proceso de revisión y reforma de sus normativas locales en función de acompañar los requerimientos de la realidad que se configuró a partir de la pandemia por COVID19.
La tarea de sistematizar y poner a disposición de los ciudadanos las normas que hacen a la convivencia en la ciudad es de por sí una tarea ardua y necesaria. Resulta ser una de las más importantes medidas que pueden tomar los gobiernos locales entre los mecanismos que aporten a la transparencia y eficiencia en la gestión pública; es algo que, en definitiva, cualquier gestión pública en el marco de la democracia, debe garantizar.
Es lo que precisamente un Digesto Municipal representa: una compilación ordenada y sistematizada de normas jurídicas vigentes emitidas por la autoridad municipal. El Estado de derecho debe facilitar el conocimiento de las normas previendo elementos que otorguen certeza y claridad en la búsqueda y acceso, tanto para los operadores jurídicos como para la población en general, lo que en definitiva se traduce en la democratización de la información jurídica.
La tarea de digitalizar estos procesos ha sido uno de los mayores desafíos de los últimos años para las administraciones locales. Muchos de los cuales aún no han culminado o incluso iniciado este proceso.
Ahora, la realidad que presenta convivir con la pandemia de COVID19 nos hace insoslayable abordar este proceso en un doble desafío; la digitalización para lograr su acceso y la adecuación de las normativas que la componen a lo que ya comienza a identificarse como la “nueva normalidad”.
Un nuevo proceso de reforma debe ponerse en marcha en las administraciones locales de manera ágil e innovadora.