La variable de personal es un asunto delicado en las cuentas municipales. Nuestras ciudades crecen y los vecinos requieren, cada vez más, mejores servicios.
En consecuencia, la ecuación entre cantidad de empleados y atención de servicios no suele cerrar. A ello se le suman las cargas laborales que lógicamente, como empleador, debe cumplir con sus trabajadores el gobierno local.
En una aparente paradoja, durante el último año el Estado argentino ha continuado liderando la creación de empleo formal –seguido por el sector agropecuario– representando el 25% de la totalidad. Esa tendencia expansiva se viene dando desde 2012, aunque desde inicios de 2016 se percibe una desaceleración del crecimiento.
Las proporciones históricas de incidencia marcan que son las jurisdicciones provinciales las que lideran estas estadísticas, seguidas de los municipios y por último el gobierno nacional.
En coyunturas donde el sector privado retrocede como generador de puestos de trabajo es lógica deducción señalar que el comercio, los emprendedores y los tributos locales necesitan de la presencia del salario público. En consecuencia, pareciera que la calidad de la prestación debiera relegarse en orden a otras prioridades.
Así es que los gobiernos locales parecieran verse envueltos en una disyuntiva: ¿debiera resignarse la calidad y eficiencia en la prestación de los servicios frente a esta coyuntura? Y en este contexto, los recursos humanos: ¿se convierten en un gasto que debe ajustarse?
Por el contrario, entendemos que se convierte en una inversión social y que debe tomarse la crisis como oportunidad.
En circunstancias sociales difíciles apostar fuertemente a la formación, capacitación y entrenamiento de los equipos de trabajo de los municipios permite que las ciudades se conviertan en promotores de oportunidades; especialmente, cuando habilitan el primer empleo forjando a los jóvenes en oficios y profesiones que los preparan para abrirse camino hacia sus propios horizontes.